Un Proyecto País, GENTE VIVIENDO CON DIGNIDAD.

Un proyecto país

Gente viviendo con dignidad

un llamado a la convergencia y la acción ciudadana por la refundación de una Costa Rica renovada

 

Octubre 2012

 

Preámbulo

1.        Costa Rica pasa por un momento angustioso, pues su andamiaje político e institucional aparece desprestigiado e inoperante, con muestras de evidente agotamiento e incapacidad de dar respuesta a los requerimientos actuales de una sociedad que ha ido perdiendo la cohesión y se encuentra cada vez más estratificada, con mayor distanciamiento entre sus partes y con una ampliación de sus brechas, en todos los sentidos, al punto de enfrentarnos a la fragmentación de las varias “costa ricas”. Pero también es un momento crucial, en el cual debemos avanzar en democracia o perderemos lo edificado por generaciones anteriores; logros democráticos y sociales no exentos de contradicciones, que requieren ser revisadas fuertemente, pero también merecen ser profundizadas en calidad e inclusión.

2.        Este trance no es exclusivo de Costa Rica, sino que América Latina en conjunto vive un punto de ruptura que podría no tener marcha atrás, el cual va más allá de la mera situación de crisis provocada por la recesión económica del mundo capitalista globalizado y globalizador. Tal punto de ruptura lo han venido impulsando sectores y grupos coligados por su espiritualidad de mercado, mediante una estrategia neoliberal que, en nombre de los dogmas del equilibrio financiero y macroeconómico, la estabilidad de la banca, la libre operación de los agentes transnacionales, la maximización de la extracción de riquezas y la comercialización de todos los ámbitos de la vida, pretende arrasar con la democracia y los logros sociales que se alcanzaron con el viejo Estado de Bienestar. Esta alianza indisoluble entre las corporaciones transnacionales, portadoras de la ideología que impulsa la globalización neoliberal como expresión del capitalismo salvaje, junto a sus representantes locales, que actúan en los ámbitos político, económico y cultural, están empeñados en una activa labor de demolición social, ética e histórica, de liquidación y destrucción sistemática de toda la obra social, espiritual y económica que nos antecede.

3.        La situación actual es injusta e indignante; atenta contra un sustrato rico en valores y principios humanistas y democráticos que en el pasado han orientado las mejores acciones de nuestro pueblo y podrían volver a dar luz para nuevas caminadas y proyectos. Pero esto supone una actitud crítica frente a lo realizado, para no caer en ilusiones de paraísos perdidos, pero también requiere una actitud renovada y esperanzadora, que sea capaz de enfrentar el tipo de sociedad que se nos pretende imponer y luche por adoptar un proyecto nacional y costarricense que implique “caminar con nuestros propios pies y pensar con nuestra propia cabeza”.

4.        Esta nueva caminada para construir el país que queremos exige una serie de tareas: unas de carácter simbólico y conceptual, otras materiales y programáticas, que desde una perspectiva nueva orienten el quehacer comprometido de los diversos sectores y actores nacionales; juntas constituyen un proyecto país. Entre las primeras se requiere un nuevo sentido de la política, del Estado y la democracia; entre las segundas está la visualización de las fortalezas, los desafíos y el programa que señale los vórtices para la acción.

5.        Un nuevo sentido de la política ha de permitirnos “despolitizar” las decisiones y las estructuras institucionales, es decir, quitar los vicios de la vieja política clientelar, verticalista y autoritaria, para “repolitizar” la vida nacional, de forma que el pueblo tome las riendas de su destino o al menos aspire a tomarlas en todo lo posible. Desde esa perspectiva la política resulta, entonces, el arte de diseñar la convivencia social y el futuro posible, mediante el ensamblaje de los intereses de los otros [y todos somos otros que nos reconocemos legítimos en la convivencia], para la construcción de la Costa Rica que queremos (construcción de nuevas hegemonías o sentidos comunes).

6.        A partir de esa nueva visión de la política se entiende al Estado como  algo muy dinámico, como un flujo político-cultural entre sus tres componentes: (1) instituciones y normas, (2) ideas fuerza vigentes, que crean un sentido común de las cosas, sobre lo que fue el pasado, lo que va siendo el presente y lo que debe ser el porvenir y (3) la correlación de fuerzas, en la que aparecen los diversos sectores y actores sociales actuando. Es lo cierto que hoy requerimos refundar, reconstruir el Estado, pero ya no como mero conjunto institucional del/y desde el poder, sino como ese flujo relacional y cultural que incluye un tramado de instituciones, un sistema de creencias y tolerancias que guían y ordenan la vida cotidiana, y una estructura de correlación de fuerzas sociales, en la que se expresa el liderazgo no como dominio ni control, sino como orientación del sentido común de las personas, el sentido de lo justo, de lo valedero, de lo que vendrá a futuro, del orden de las cosas, del sentido de la sociedad, de cómo está organizado el país y hacia dónde debe ir.

7.        Para refundar el Estado y darle una orientación al servicio de las mayorías populares se requiere de un profundo espíritu democrático. Esto hace que debamos luchar por el sentido de la democracia, que ha sido usurpado y desprestigiado por los mismos intereses de aquellos grupos dominantes, con su estrategia neoliberal fragmentadora, autoritaria y excluyente a la cual han llamado la (su) democracia. Frente a esas derivas perversas debemos reconstituir el sentido de la democracia, como la sensibilidad que impregna un orden de convivencia en el que todos pueden vivir, aunque no de cualquier manera, y no porque el crimen no sea posible, sino porque no está legitimado (una acción consciente contra la impunidad). Esta sensibilidad democrática entiende que todos sus logros pueden y deben ser revisados, para poder trascenderlos, pues se entiende siempre tensionada en una conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Esta idea de democracia ha de guiarnos en el proceso de refundar el pacto costarricense, refundar una Costa Rica renovada, guiada por los valores de justicia y equidad social, solidaridad que se expresa en la seguridad social, respeto a la diversidad, con acceso y participación como reglas del juego democrático que construye una sociedad sustentable.

8.    Por el otro lado, las tareas programáticas del presente proyecto país son una suma de tareas sociales y políticas que deben ser cumplidas por el pueblo costarricense, para revisar, completar y mejorar sus principales logros históricos. Un programa político debe partir de la realidad, del conocimiento de las luchas sociales y las realizaciones alcanzadas. Pero eso no sería suficiente. Este conjunto de tareas debe tener también un sentido de futuro, es decir un avance, un mejoramiento y una transformación de lo que ya se tiene, una construcción social y humana que supere los errores cometidos y a su vez multiplique y consolide los beneficios conquistados y nos prepare, como pueblo, para lograr nuevas victorias.

9.    En ese sentido, este programa político, en la medida que aspira a crear una nueva cultura política en el país, y quizás como una utopía, impulsa a superar la “parcheología” y esa cultura nacional del remiendo, para plantearnos como país una propuesta de cambio estructural, que sea integral y que modifique la organización actual que tiene Costa Rica, la cual  es centralista, verticalista, vallecentralista, autoritaria, excluyente y alejada de los intereses de las poblaciones; pero también que modifique las formas de gestión de esa organización. Por consiguiente, este programa fomenta la búsqueda de un nuevo traje constitucional, pero también la generación de nuevas formas de relacionamiento: entre la sociedad y su entorno, entre los sujetos y sus comunidades; entre los ciudadanos y ciudadanas entre sí; entre los diversos sectores y actores políticos, sociales y económicos. Un programa que deje el miedo de organizarnos de modo diferente, que supere la parálisis que provoca el temor al cambio, buscando de raíz una manera distinta y atrevida de refundar las estructuras de poder, que contribuye a la formación de un país inclusivo, democrático, sano, capaz, equitativo y solidario.

10.    Este programa  no es para complacer a la clase política, es para que tengamos un Estado y un Poder Público que funcione en beneficio de la gente, de toda la población, de toda la sociedad. Por eso enfrenta la actitud, a menudo conservadora in extremis, de quienes amparados en lo que llaman el “realismo político” defienden las reformas parciales como única vía de cambio; pero decir que no es realista una reforma estructural y un cambio cultural, es muy cómodo para seguir manteniendo un orden político que no está beneficiando a la gente. Por eso la reforma estructural tiene que ser para “republizar el Poder Público”, que hoy funciona en favor de los detentadores y de los allegados del Poder.  Una nueva organización del Estado tiene que recuperar la naturaleza pública sustancial del aparato público, que se ha debilitado tremendamente y generar una nueva cultura política del servicio público y el cuidado solidario, con la participación ciudadana, en responsabilidad y respeto.

11.    Por consiguiente, lo que procede es  refundar, crear, constituir, edificar, una nueva forma de organizarnos como país, congruente con la nueva realidad: ¡Para una nueva realidad, una nueva legalidad! Además, se trata de un proceso de mejoramiento social, que no tiene una meta donde se den por concluidas las aspiraciones ciudadanas. Los avances en la construcción de valores materiales y espirituales de un pueblo, no concluyen jamás. Por eso este programa es solamente una síntesis de las aspiraciones más urgentes e indispensables. A través de él queremos ofrecer un servicio mediante el cual el pueblo se vea a sí mismo como proponente y como gestor de su futuro.

 

I. Los desafíos y las tareas

12.     Sin pretender abandonarnos a una actitud derrotista, que invisibilice los logros sociales y democráticos alcanzados y aún persistentes, pues eso sería uno de los triunfos pírricos de aquella coligación de intereses que dominan la escena pública actual y está enquistada en los aparatos estatales, debemos evidenciar algunos de los problemas más acuciantes que enfrenta nuestro sociedad y su institucionalidad, por saber:

Ø  Privatización de la agenda pública: Los dogmas neoliberales están destruyendo el Estado Social de Derecho, que tuvo un gran impulso con las reformas sociales y económicas de la década del 40 del siglo XX. Ahora se pretende reducir el rol del Estado a menos de sus funciones tradicionales, las cuales también se están privatizando. Privatización que se realiza tanto mediante el proceso mismo de traslación de competencias y funciones a agentes privados, regidos por la lógica de la maximización de las ganancias (empresas), cuanto por el enquistamiento de los intereses y las agendas privadas en los espacios de toma de decisión del Estado (lobby), cuando no en el mero aprovechamiento privado de la utilización de los bienes públicos (corrupción). Hoy los gobiernos y las cúpulas de las instituciones públicas están al servicio de esos intereses privados y no responden a un proyecto nacional sustentado en el sentimiento y la decisión democrática.

Ø  Deslegitimación institucional: La incapacidad de dar respuestas a las demandas de las poblaciones y la desatención a sus problemas, así como la incapacidad para generar diálogos virtuosos para construir acuerdos y decisiones políticas que beneficien a las mayorías populares, marcan un franco alejamiento, cuando no oposición, de las instituciones con sus soberanos. Esta situación, aunada al expolio casi sistemático de esas mismas instituciones y los bienes públicos que administran, y que deben estar al servicio de todos los miembros de la sociedad, fomentado por una situación de franca impunidad, muchas veces amparada en legislaciones espurias, ha provocado el mayor sentimiento de deslegitimación y desafección en relación con las instituciones por parte de la ciudadanía, que se siente traicionada y abandonada por una institucionalidad la cual solo mira por los intereses de su mantenimiento y resulta abusiva.

Ø Corrupción: Concebida casi como un hecho generalizado y enquistado en la actividad política diaria no es, en ningún caso, un hecho individual, aislado, ni solo afecta la actividad pública sino que implica también la acción de agentes privados. La corrupción es un sistema, una red que se ha convertido en un elemento vinculado al ejercicio del poder, pero también ha invadido y pervertido el relacionamiento entre los mismos agente públicos con los privados. La corrupción no es sólo una acción directa, sino que aparece por actitudes permisivas, por simple omisión y negligencia para facilitar el enriquecimiento ilícito personal o de terceros. Lo más grave de la situación es que se han generado espacios de impunidad que abonan a la formación de una cultura del facilismo, del logro del éxito económico rápido, por los medios que sean, aún aquellos al margen de la legalidad. Esto ha venido creando un sentimiento de irresponsabilidad e impunidad, del “vivillo que se la juega”, que se expresa en la picaresca como forma de naturalizarse, pero que deteriora significativa y aceleradamente el pacto de convivencia social e impone un sistema de excepción (mafiacización de la vida social), cuando no una sensación de estar sitiados (inseguridad, reclusión y abandono). Por consiguiente, debe realizarse una campaña nacional, con múltiples acciones y dimensiones, para combatir este deterioro moral y la imposición de esa ética de la “banda de ladrones” (todos los ladrones pueden robar mientras no lo hagan entre ellos mismos), que ha llevado a que amplios sectores de la población, de todos los estratos socioeconómicos, vean como natural las diversas manifestaciones de la corrupción, que se extienden por todo el entramado institucional y social del país. Cualquier iniciativa transformadora estará condenada al fracaso o la frustración si la sociedad no se sobrepone a este destructivo flagelo.

Ø Crecientes brechas sociales, económicas, políticas, culturales: Esa misma tendencia privatizadora de los dogmas neoliberales ha venido a profundizar las tendencias más autoritarias y clasistas de la sociedad y la institucionalidad costarricense, lo cual se evidencia en la profundización de las brechas existentes, en todos los ámbitos. Brechas que para los mismos grupos enquistados en el poder son consecuencia natural de un supuesto movimiento histórico imparable, como forma de eludir su propia responsabilidad. Costa Rica se ha ido fracturando por la creciente concentración de la riqueza en pocas manos. Esto, en momentos de aguda crisis y recesión económica, demuestra que la riqueza fluye a manos llenas y por distintas vías, hacia grupos privilegiados. Además, los acuerdos de libre comercio, expresión de esos dogmas privatizadores que se encubren en discursos ideológicos (aunque se digan no ideológicos) de apertura y modernización, han capturado un segmento enorme del mercado interno y han sustituido, en detrimento del empresariado y la economía local, la producción interna por bienes importados. Pero ello también ha establecido una nueva dinámica, que evidencia como nunca aquello de que “poderoso caballero es don dinero”, pues los intereses económicos priman sobre las exigencias políticas de una convivencia que se debe construir para todos, e impone los cánones y nuevos signos e ídolos de la cultura del consumo y del éxito individual e individualista (suma cero, guerra de todos contra todos).

Ø Agotamiento de la organización política administrativa del país y su cultura: La actual organización del tramado institucional nacional tiene como característica el centralismo, pues hay una altísima concentración de poder en el Ejecutivo, que impone tanto la integración de las Juntas Directivas y las Presidencias Ejecutivas de las mal llamadas “instituciones descentralizadas”, cuanto por el control que ejerce sobre los recursos del país mediante la “caja única”. También es verticalista, porque las decisiones son de arriba hacia abajo; muchas veces se fraguan en los escritorios de los detentadores del Poder, sin relación alguna con la realidad de las comunidades y de los habitantes. Es vallecentralista ya que la inmensa mayoría de las decisiones políticas que afectan a la totalidad del país, se originan en San José, donde está el Poder político y administrativo, y donde se concentran los aparatos y servicios institucionales de los cuales dependen las regiones. Además, se ha ido alejando cada vez más en la medida que el Poder pretende bastarse a sí mismo; es la arrogancia de pretender desatender a sus soberanos, y que su ejercicio no está determinado por ninguna variable más allá de su investidura: quienes ejercen el Poder, lo pueden hacer incluso inconvenientemente para los intereses nacionales, y sin embargo nada pasa, no hay revocatoria de mandato (triunfo infausto de la socorrida gobernabilidad de los poderosos). Por consiguiente, es hora de romper con ese tipo de organización y fundar un sistema más democrático y participativo. Pero esta transformación debe ser protagonizada por el mismo pueblo, el cual debe tener el control de la situación en todo momento. Se trata, por tanto, de una transformación democratizadora cuya aspiración sea construir una organización que distribuya el Poder, que potencie los territorios, que incorpore en las decisiones públicas a más actores de las regiones y comunidades.  Una transformación democrática que tienda a hacer más productivos los recursos públicos al servicio de todas las poblaciones, con mecanismos más cercanos a los intereses de estas, maximizando la libertad, la pluralidad, la igualdad de oportunidades reales y la participación popular, en todos los niveles y dimensiones de la vida nacional.

Ø Si bien la lista de cuestiones se podría prolongar hasta incluir temas como el desmontaje de los sistemas productivos en aras de la transnacionalización de la producción; el deterioro medioambiental; el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos, y la instauración de una cultura violentista, de la impunidad, del éxito individualista, basten los mencionados para evidenciar los ingentes desafíos que, como pueblo, tenemos por delante.

13.     Por otro lado, la reconstrucción del tejido social e institucional costarricense debe pasar por un proceso profundo, riguroso, crítico, con profundo respeto por las gentes y sus necesidades y aspiraciones, con un renovado espíritu de solidaridad y reconocimiento, que armonice las decisiones y proyectos con las posibilidades materiales y ambientales de estos. Ello impone algunas tareas inmediatas, por saber:

Ø Protección del medio ambiente y uso racional de la riqueza natural: Con el convencimiento de que los extraordinarios bienes naturales con que cuenta Costa Rica son nuestra principal riqueza, deben desplegarse todas las iniciativas que salvaguarden esa riqueza y biodiversidad. Esta lucha debe darse con toda amplitud y firmeza, mediante un permanente esfuerzo educativo, que impulse aprendizajes sobre y en el metabolismo biosocial, para generar una conciencia ecológica que se constituya en rasgo cultural de todo el pueblo. Solo de esta manera podremos enfrentar el desmedido afán de lucro que destruye la riqueza de la biodiversiad y los ecosistemas. En función de que la gente viva bien, con dignidad, la riqueza de la biodiversidad y los ecosistemas podrán ser utilizados, mientras no se menoscaben sus bases de sustentabilidad y las afectaciones sean precisas y mínimas. Se deben tomar las decisiones y realizar las inversiones necesarias para el control eficaz de la contaminación, así como para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, que ha sido provocado por el uso abusivo y el desperdicio de esa riqueza biodiversa. De ahí la urgencia, entre otras tareas, de discutir los aprovisionamientos energéticos que se puedan implementar, así como los patrones de consumo y las orientaciones del desarrollo, con una clara conciencia ecológica y compromiso de respeto y protección del medio ambiente.

Ø Calidad de vida: Toda la acción estatal debe estar orientada a proveer calidad de vida para todas las poblaciones. Esto impone, entre otros aspectos, revertir el proceso del mal desarrollo que destruye las bases de la producción y la reproducción social, y reorientar la distribución de la riqueza, para que el 16% de la población más rica no se quede con más de la mitad de la riqueza generada cada año, mientras que el 25% más pobre apenas sobreviva con menos del 5% de toda esa riqueza, como ha sucedido en las últimos diez años en Costa Rica. La cara más (in)humana de esta iniquidad es la presencia en las comunidades del desamor: desamor por los niños y las niñas, desamor por los jóvenes, desamor y desamparo por las mujeres jefas de hogar, desamparo por los trabajadores y desintegración familiar. En las comunidades, particularmente las más rezagadas, el Estado debe actuar con espíritu solidario y humanístico, de forma que anteponga la calidad de vida de todas las poblaciones como el criterio para decidir las políticas públicas en materia de producción y distribución de la riqueza, y debe regir sobre las políticas de carácter salarial, fiscal y de inversión y gasto público. Por ejemplo, en las comunidades, particularmente en las más empobrecidas,  deben ser construidas, en el cortísimo plazo, lugares para el deporte, la recreación, la cultura y el sano esparcimiento de todos. Allí deben llegar las y los trabajadores sociales, los médicos y odontólogos, los promotores de la cultura y el deporte, y todos los servidores públicos de las instancias respectivas. Las comunidades deben estar inundadas de música, sinfónica y popular, de teatro educativo, de sanas competencias. En ellas no debe quedar ni una sola callejuela oscura y peligrosa y ni un solo niño, joven o anciano en estado de abandono.

Ø Acceso y calidad en los servicios: El pueblo costarricense debe asumir la tarea ineludible de defender las garantías sociales, los derechos laborales y sindicales, así como las conquistas en seguridad social, participación democrática y atención a las demandas de bienestar. Para ello es necesario refundar el tramado institucional, desprivatizando y restaurando los servicios públicos, ampliando y mejorando continuamente la cobertura y calidad de estos, con sistemas de escrutinio ciudadano y rendición de cuentas, como una forma de luchar por la equidad y la solidaridad, que enfrente las diversas expresiones de la exclusión, la discriminación y la marginación.

Ø Participación y control ciudadano del poder: La concentración de la riqueza y la alianza del gran capital nacional con el extranjero han conducido a una creciente concentración del poder político, que se manifiesta en un sobredimensionamiento del Poder Ejecutivo y en la cooptación empresarial de las instancias de decisión política (lobby empresarial). Los órganos de control político no funcionan o lo hacen de manera precaria e ineficiente. Por eso el país requiere un proceso integral de redistribución de las funciones públicas, las facultades, los recursos, las capacidades y posibilidades de toma de decisión. Es un proceso que para trascender el clientelismo y la corrupción, debe estar orientado a la construcción de una nueva ciudadanía, con sensibilidad social y conciencia crítica, comprometida y activa, con el sano sentido de la rebeldía y la capacidad propositiva y proactiva. Una ciudadanía que asuma su papel de vigilancia cívica, dentro y fuera de las instituciones, pues actúa con la convicción de que el conocimiento, la supervisión y la opinión sobre los asuntos públicos y los intereses nacionales no le son ajenos, sino que son una tarea suya propia y permanente.

Ø Una cultura de derechos humanos: Frente a una situación de franca reversión de derechos y garantías jurídicas, hay una tendencia a pisotear derechos humanos en otras épocas consolidados, mediante la conversión en objeto de lucro privado de los recursos con los que se satisfacen necesidades humanas y se cumplen requerimientos de seguridad y justicia, por ejemplo. A la vez, en un alarmante proceso de cambio de valores, la cultura popular y sus tradiciones vienen siendo sustituidas por los hábitos que inducen a la cultura de la sociedad de consumo. Debemos, pues, revertir ese proceso que nos ha convertido en la perfecta y gobernable sociedad de consumidores, para constituirnos en sujetos que decidimos por nuestros asuntos, personales y colectivos, con atención a nuestra corporalidad y sus demandas. Es decir, requerimos avanzar hacia una real cultura de derechos humanos que potencie todos los procesos de lucha que, desde el reconocimiento, la transferencia de poder y las mediaciones normativas e institucionales, consolidan los proyectos de vida y las concreciones de dignidad humana. Se trata, por tanto, de una sensibilidad de derechos humanos que discierne la acción social específica orientada a la satisfacción de necesidades humanas y construcción o producción de humanidad. De esta forma, la sensibilidad de derechos humanos se hace cargo de la parcialidad e incompletitud o lagunaridad de cualquier postulación de derechos, ya que no se admite un canon cerrado sino un horizonte abierto en el que, conforme las nuevas situaciones (sociohistóricas) vamos descubriendo espacios de humanidad cada vez más amplios que reclaman protección, por ende, nos descubren nuevos derechos humanos.

 

II. Nuestra fortaleza

14.    También debemos señalar algunos elementos que deben ser retomados y relanzados, pues no todo puede ser presentado como negativo, sino que hay elementos que marcan nuestra historia, pasada y reciente, que muestran la fortaleza para salir adelante con un nuevo proyecto. Esta fortaleza estriba en la flexibilidad y capacidad para generar cambios, reformas y transformaciones, unas profundas y radicales, cuanto aquellas más coyunturales, con la profunda convicción de respetar siempre a las personas humanas y al entorno ecológico que comparten.

Ø Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina y quizá del Tercer Mundo, cuya historia refleja una acentuada tradición de reformas que fueron consolidadas y profundizadas desde su independencia, por algunos conductores  visionarios y de espíritu justiciero.

Ø Todas estas reformas fueron inspiradas, en su momento, por las corrientes filosóficas e ideológicas que marcaron profundamente la vida social y política de Costa Rica, ya fueran el pensamiento liberal y el pensamiento social de la Iglesia Católica, o fuera el pensamiento socialista y democrático, cuanto el pensamiento socialdemócrata y socialcristiano.

Ø Las reformas propuestas e impulsadas trascendieron los planteamientos filosóficos o intelectuales y se encarnaron profundamente en la vida social de la población costarricense. Se produjo, entonces, esa relación necesaria entre la teoría y la práctica, cuando las ideas se convierten en una fuerza material. El pueblo las hizo suyas, las amplió y desarrolló, de modo que se convirtieron en un amortiguador de conflictos sociales. Sin las reformas alcanzadas, habría sido imposible mantener una relativa paz social ni evitar sangrientas y recurrentes luchas internas, con el inevitable costo de vidas humanas y enormes fracturas sociales. Además, han atenuado hasta ahora el acelerado retroceso que las crisis financieras les imponen a los pueblos del mundo.

Ø Las Reformas sociales aplacaron en Costa Rica, las violentas convulsiones del capitalismo mundial. Solo cuando se consolida el mundo unipolar y se acelera el proceso de la globalización neoliberal que penetra la estructura nerviosa del sistema económico y político nacional, el “capitalismo salvaje” logra someter a sus mecanismos toda la red de relaciones productivas, mercantiles y financieras internas.

Ø Asimismo, el pueblo costarricense cuenta con reservas morales, que pueden ser desplegadas para orientar un proyecto país de democracia humanista, basado en los valores de la sustentabilidad (queremos una sociedad sustentable), la calidad de vida para todos mediante el acceso universal a los servicios con calidad y oportunidad,  y una franca actitud de búsqueda de la justicia social y la equidad.

III. Un proyecto país con visión estratégica

15.    Corresponde ahora señalar, aunque sea en sus rasgos más generales, la Costa Rica que queremos. En ese sentido, queremos una Costa Rica renovada, guiada por los valores de justicia y equidad social, de solidaridad que se expresa en la seguridad social y el respeto a la diversidad, con acceso y participación como reglas del juego democrático que construye una sociedad sustentable, fuertemente articulada y cimentada en torno a los siguientes vórtices-fuerza:

16.    Un sistema de Seguridad Social. Que sea integral e integrador, que construye y consolida las condiciones para el despliegue de los diversos proyectos de vida de sus gentes y poblaciones; por tanto, impone los límites en que tales proyectos de vida sean posibles y establece las estrategias para prevenir y enfrentar los riesgos. Un sistema de seguridad social es comprensivo al menos de cuatro subsistemas, fuertemente articulados entre sí, con sinergias institucionales, armonización normativa y unidad de sentido y orientación: generar calidad de vida.

ü Un subsistema de Educación: Con acceso universal y respeto a las diferencias. Este impulsará una educación potenciadora de la creatividad, el pensamiento crítico, la cooperación y el despliegue de las potencialidades humanas; además debe contar con las condiciones materiales que la soporten y hagan viable.

ü Un subsistema de Empleo: Se debe resignificar el trabajo como proveedor de dignificación de las personas y potenciador del gozo. En ese sentido, el subsistema de empleo debe contar con salarios y remuneraciones justas, con condiciones de empleabilidad (adecuación vocacional, competencia profesional, idoneidad, salud física y mental, recursos alternativos y relaciones interpersonales) suficientes, para todas y todos, y adecuados a los rangos de escolaridad y campo ocupacional.

ü Un subsistema de Salud: Más allá de la ausencia de enfermedad, se trata de generar un subsistema con capacidad preventiva y reactiva, capaz de dar seguridad en los diversos niveles etarios y condiciones de vida. Por ahora, supone una actualización y potenciación del proyecto de seguridad social encarnado por la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual requiere orientar los esfuerzos al logro de la verdadera autonomía, de la adecuada financiación, de una verdadera planificación, de un fortalecimiento de los servicios preventivos de esta, para hacer sostenible el servicio público de salud, de manera universal y solidaria.

ü Un subsistema de Vivienda: Se trata de generar opciones de vivienda con dignidad, acceso y condiciones de convivencialidad, es decir, que permitan a todas las gentes ejercer su acción de la forma más autónoma y más creativa, por tanto, con condiciones de habitabilidad, intercomunicación y transporte, y  acceso a servicios.

17.    Un subsistema de Equidad Social. Que sea generador de oportunidades reales y accesibles para todas las personas, que enfrente las asimetrías y luche contra las discriminaciones, en todas sus formas; pero, a la vez, que entregue los medios y procedimientos para que todas y todos puedan aprovechar dichas oportunidades. Se trata de un subsistema que marca la pauta de actuación del tramado institucional y orienta los recursos normativos y simbólico-culturales con una visión política clara y definida: generar equidad. Por tanto, es comprensivo de la diversidad de luchas por la equidad:

ü Lucha contra la pobreza y la desigualdad socioeconómica: El sistema económico y la estructura social no pueden seguir por la pendiente engañosa de que el crecimiento, por sí mismo y según una inercia de derrame, genera bienestar para todos. El cometido es generar procesos económicos que sustenten la vida humana en sociedad a partir de la reproducción de las condiciones materiales de la vida (ser humano y naturaleza), es decir, que los procesos económicos (producción, distribución y consumo), articulados con la preservación del medio ambiente natural, busquen armonizar las condiciones de posibilidad de la vida en sociedad con el entorno natural del cual los seres humanos también somos parte. Esto debe orientar las acciones no solo para enfrentar las condiciones (construidas) de empobrecimiento de grandes sectores de la población, sino a generar instrumentos y mecanismos de distribución solidarios y equitativos para superar las desigualdades.

ü Lucha contra las brechas de género, etarias, étnicas y libidinales: La acción estatal debe estar guiada por una perspectiva de derechos humanos, los cuales se asumen como un conjunto de procesos sociales, económicos, normativos, políticos y culturales que abren y consolidan, desde el reconocimiento, la transferencia de poder y la mediación jurídica, espacios de lucha por las particulares concepciones de dignidad humana. Esto impone, como acción estratégica fundamental del Estado, en todos sus niveles y componentes, para la comprensión, elucidación y enfrentamiento de las estructuras de la dominación patriarcal, que constituye un orden de género, como un paso necesario en los procesos de humanización y equidad. A la vez, debe discernir y cuestionar el poder paterno-gerontocrático, por cuanto constituye una fuente de discriminación y violencia y establece un orden etario, que distribuye poderes e inhibe las capacidades de las personas conforme a los diversos estatus que otorga según las edades de estas, lo mismo que establece una economía libidinal, que atenta contra las posibilidades de una vivencia plena de la relación entre humanas y humanos, pues restringe los cuerpos, sus relaciones y tiempos a la producción.

ü Lucha contra las asimetrías regionales y por la integración: Una función ineludible del Estado ha de ser la tarea de crear condiciones de posibilidad para que las diversas regiones superen sus rezagos históricos, muchas veces impuesto por la propia acción de los aparatos del Estado operados con criterios eminentemente electorales. El mapa geográfico nunca puede ser una fatalidad, ni el mapa administrativo un límite irrebasable, sobre todo cuando el mapa social se está reconfigurando y movilizando. La acción estatal debe estar orientada a revertir las condiciones de asimetría entre las regiones, las cuales nunca son naturales, para potenciar y revitalizar el mapa social y proveer a las gentes de mecanismos de arraigo y cohesión social y a las regiones de mayores niveles de integración en el concierto nacional.

18.    Un sistema de Reproducción Social. Que preserve y potencie las condiciones para la reproducción de la vida, en todas sus formas, particularmente la reproducción social con equidad y solidaridad. Los diversos subsistemas que lo componen requieren una acción planificada, a mediano y largo plazo, que potencie la acción interinstitucional y transforme las culturas productivas, tanto en los espacios públicos como en los privados. En estos subsistemas debe haber suficientes márgenes de acción para la creatividad e innovación por parte de todos los agentes (públicos y privados), con responsabilidad, evaluación permanente y transparencia en la gestión. Las necesarias sinergias institucionales deben confluir con unidad de sentido y orientación para generar una sociedad sustentable en la que todas y todos vivan bien, vivan con dignidad. Este sistema es comprensivo de:

ü Un subsistema de protección ambiental: Es fundamental impulsar acciones mediante las cuales el Estado garantice, defienda y preserve el derecho a un ambiente biofísico y humano ecológicamente sustentable. Esto supone mantener el dominio público sobre los elementos del ambiente, regular su uso y aprovechamiento de conformidad con las reglas de la ciencia y la técnica, para que las personas vivan en un ambiente ecológicamente sustentable. También es necesario establecer un control y uso adecuado de organismos genéticamente modificados o transgénicos, así como impulsar procesos de protección del ambiente mediante la educación y el establecimiento de reglas claras frente a los tratados de libre comercio. Hay que potenciar una cultura de corresponsabilidad y cuidado, para que todas las personas se constituyan en defensoras de los intereses ambientales de la sociedad y aprendan a utilizar los mecanismos de denuncia (acción popular) de los actos que atenten contra el ambiente. Estos derechos y garantías deberían incluirse en la Constitución Política, mediante un título de Derechos y Garantías Ambientales, para que los derechos ecológicos sean debidamente tutelados por el Recurso de Amparo y la Acción de Inconstitucionalidad. En general se deben generar instrumentos ágiles y eficientes para proteger el ambiente, de forma que se pueda asegurar a los seres humanos y a las demás especies, la vida y existencia en el planeta Tierra. Todo ello debe ir dando paso a una nueva sensibilidad ecológico-política para Costa Rica. En esta perspectiva, se deben generar acciones y políticas públicas en relación con: parques nacionales, su preservación, inalienabilidad y posibilidades restringidas de explotación; uso y manejo de desechos, como fuente de riqueza y contra la cultura del desperdicio; agua, como un bien vital para la sobrevivencia humana, que asegure un acceso a ella de forma universal y con condiciones de potabilidad suficientes; manejo de cuencas, que exprese un nuevo sentido de convivencia, según principios de corresponsabilidad y cuidado, de los seres humanos entre sí y con la naturaleza; mares, que incluya tanto políticas claras y visionarias sobre los fondos marinos, la actividad de pesca, como regulaciones para la instalación de marinas y otros usos no tradicionales; energía, que privilegie el uso de energías limpias y no contaminantes; uso del suelo, particularmente con control del desarrollo urbano, planificado y sostenible, entre otros aspectos relevantes.

ü Un subsistema de soberanía alimentaria: Esta expresa el derecho inalienable de nuestro pueblo de no ser, por ningún motivo, un rehén de los alimentos producidos fuera de nuestras fronteras. Depender de los alimentos que producen otros, aun cuando resulten más baratos en situaciones coyunturales, sólo expresa una inaceptable supeditación, claramente utilizada por los países industrializados, con agriculturas altamente subvencionadas, como una sofisticada herramienta política. Además, es inaceptable calificar los alimentos como mercancías. La tarea de nutrir a nuestras poblaciones, con alimentos abundantes y de excelente calidad, le compete por entero a nuestros campesinos, agricultores y empresarios agroindustriales, por lo que debe ser reconstruido un sistema de apoyo gubernamental, encabezado por el CNP, de producción, acopio, distribución eficiente y precios accesibles para todas las familias.

ü Un subsistema de seguridad humana: Las buenas relaciones vecinales, en el respeto y reconocimiento, y con responsabilidades compartidas, junto con la satisfacción de necesidades reales y la generación de condiciones de vida con calidad y equidad, constituyen la base fundamental para construir una convivencia pacífica, por tanto, una situación en la cual la ciudadanía se siente y vive segura (seguridad interpersonal).  Esta seguridad, en el nivel primario de las relaciones sociales, debe traducirse y, a la vez, tener un refuerzo sistemático mediante la armonización de la legislación, la simplificación de procedimientos administrativos, la accesibilidad a los instrumentos y procedimientos jurídicos, administrativos y jurisdiccionales en general (seguridad jurídica). Asimismo, debe tener un resguardo por parte de los cuerpos policiales, cuya acción debe estar regida por una sensibilidad civilista y vocación democrática, que rechace los modos castrenses de enfrentar la conflictividad social y supere las formas meramente represivas y tendencialmente violadoras de derechos humanos (seguridad política). En este subsistema de seguridad humana se deben atender, con carácter de urgencia, algunas cuestiones como el abordaje de la migración, la atención a las cárceles y otros centros de reclusión y albergue, y la acción sobre el consumo y trasiego  de drogas estupefacientes sicotrópicas; son cuestiones que demandan políticas públicas claras, consistentes y respetuosas de derechos humanos, pues ellas, de diversos modos, comprometen directamente nuestro pacto de convivencia y dicen de nuestra calidad humana.

ü Un subsistema de producción: La organización de la producción no debe constreñirse a la dicotomía Estado o Mercado, empresa estatal o empresa capitalista, ni debe estar limitada por la exclusividad de la propiedad privada capitalista. Existen diversas formas de propiedad con sus modos de producción correlativos, tales como las cooperativas, las de carácter público no estatal, las municipales, el sector de la economía social y, desde luego, las pequeñas y medianas empresas. La participación de todas esas formas de producción contribuye a mejorar la equidad y a fortalecer la democracia. Sin democracia económica no hay democracia política. Este debate también debe abarcar el tema del equilibrio entre el despliegue del mercado interno y el mercado de exportación. En este aspecto se deben generar políticas públicas y programas orientados a potenciar los siguientes rubros:

1)        Infraestructura pública: se debe impulsar la recuperación, ampliación, modernización y mantenimiento de esta, que incluye mínimamente la estructura vial, los puertos y aeropuertos, el transporte público y las instalaciones edilicias de servicio público.

2)        Telecomunicaciones: se debe mantener y asegurar el control público del espectro radioeléctrico y una participación democrática efectiva cuando se dieren concesiones a agentes privados, así como la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de internet y la potenciación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), con modos de gestión innovadores, que pueden convocar los emprendimientos mixtos, y que aseguren el acceso a las mayorías y el control de los precios y tarifas.

3)        Organización productiva: se debe potenciar la instalación de parques industriales, que permitan encadenamientos y el establecimiento de sinergias productivas, con respeto a las condiciones del medio, de modo que se minimice el impacto en este, y, de ser posible, que articulen zonas históricamente rezagadas. Estos emprendimientos deben estar apoyados por una Banca de desarrollo que asegure las condiciones de financiación responsables y solidarias, así como por una política de seguros que cubra a los pequeños y medianos productores frente riesgos no asegurables por los intermediarios de seguros privados en el sistema de competencia.

4)        Comercio nacional e internacional: Es imprescindible desplegar políticas inteligentes y proactivas para dinamizar el intercambio comercial en el mercado interno, pero también para posicionarnos estratégicamente en el mercado internacional, de modo que podamos diversificar nuestros socios comerciales y construir márgenes de autonomía frente a estos.

ü Un subsistema de cultura e investigación: Uno de los mitos más perversos es que un país pequeño y empobrecido no puede desarrollar acciones serias en el campo de la investigación científica y tecnológica. Contrario a ese mito, en estos momentos tenemos cuadros intelectuales y científicos de alto nivel. Hay que ponerlos a trabajar en función del despliegue de las potencialidades y capacidades nacionales, para construir eso que llamamos una “ciencia nacional”. La investigación científica y tecnológica debe ser colocada en un lugar relevante, y debe ser dotada de los recursos políticos y financieros necesarios. El desarrollo científico y tecnológico del país debe ajustarse a los valores y principios definidos en este proyecto país y ajustarse a las necesidades nacionales.

19.  Un sistema democrático. Es urgente que impulsemos un proceso de democratización en el cual se recupere la tradición y los logros alcanzados en la formación de una institucionalidad electoral; pero, a la vez, que logre superar el procedimentalismo enquistado que limita las posibilidades de participación ciudadana, para impulsar los diversos mecanismos de acción popular, expresivos de la soberanía popular, como base de la construcción del cualquier sistema que se pretenda democrático. Un proceso de democratización que lleve a la potenciación y renovación de las estructuras institucionales, los tramados normativos que la sostienen y sus prácticas burocráticas. Aún más, que impregne todos los espacios de la vida, personal y colectiva, ya sea en los ámbitos íntimos, familiar, privado, público, local, nacional, regional, continental y mundial. Y es que una sensibilidad democrática también es la búsqueda y apuesta –en sentido pascaliano- por establecer criterios para este proyecto de vida en común, que nos permita, en lo específico, refundar el pacto social costarricense en pro de una Costa Rica renovada. Un proceso de democratización integral, no solo electoral, que impulse una forma de gobierno en la que ni los políticos, ni los burócratas, ni el mercado, sino un pueblo fortalecido, lo realice en forma legítima para nutrir su propia libertad. En este ámbito, se comprenden al menos:

ü Un subsistema de gobierno y administración: Se debe redefinir la organización política administrativa del país a partir de la distribución del poder y la autonomía de los territorios. Sobre la base de ese  concepto, corresponde formular algunas propuestas concretas que contemplen esa visión país, de procurar una organización distinta. La ciudadanía organizada debe jugar un rol fundamental en ese proceso de transformación. Si el Estado se construye sobre la base de la distribución del poder, tiene que haber una ruptura con el centralismo, el verticalismo, el vallecentralismo y el alejamiento del Poder. Inevitablemente, para distribuir el poder en los territorios y en la ciudadanía, hay que desinflar muchas de las funciones que hoy en día tiene el Poder Central, y que podrían estar en manos de los gobiernos locales, y de las instancias organizativas propias de las provincias, regiones, y entidades locales. El gobierno en este nuevo esquema, no solo sería el Gobierno Central, instalado en San José, sino que el gobierno también estaría en los territorios provinciales o regionales y en los cantones. Asimismo, como contrapartida y control de ese gobierno se deben profundizar y potenciar los mecanismos de decisión y consulta popular.

ü Un subsistema de instituciones públicas con una cultura del servicio público: Si bien en el pasado se construyó un tramado de instituciones de servicio público, amplio y heterogéneo, es necesario consolidarlo y, en no pocos casos, reorientar hacia el servicio público, que es servicio a las gentes y las comunidades, sus prácticas y cultura organizacional. Se requiere para ello, entre otras cosas, generar un flujo de la información y una articulación de las acciones, para superar las prácticas aislacionistas y fragmentarias que derrochan recursos públicos, e instaurar una cultura de la acción sinérgica y racionalmente orientada.

ü Un subsistema de política y relaciones internacionales: El Estado costarricense debe generar e impulsar una política exterior amplia, que le permita relacionarse inteligentemente en el mundo de hoy, sin comprometer su identidad y su soberanía. Reconociendo la realidad histórica y geopolítica, debe privilegiarse la relación estrecha y multifacética con los otros Estados latinoamericanos, de manera que se pueda participar en los procesos unitarios en marcha en la región, que buscan la mayor cohesión y respeto en la arena internacional, sin comprometer las posibilidades de desplegar una política exterior ágil e independiente, orientada a salvaguardar la paz, el respeto a derechos humanos y la dignidad humana, la protección ambiental y la convivencia democrática. El respeto que reclamamos celosamente para nosotros lo debemos tener para con las otras naciones y pueblos de la tierra. La política exterior costarricense debe impulsar que las controversias internacionales, así como los conflictos internos de cada país, se resuelvan por la vía de la negociación y el diálogo. En defensa de la vida en el planeta, tal como la conocemos, debemos abogar por la desnuclearización total y la renuncia al uso de todo tipo de armas de destrucción masiva por parte de los Estados que las posean, que deberían destruirlas, así como evitar la proliferación de estas. También se debe impulsar la democratización real de todas las instancias internacionales y la no exclusión de ningún miembro de estas.

ü Otras acciones democratizadoras: Para fortalecer el sistema democrático y potenciar los procesos de democratización radical es necesario retomar, en todos los niveles, la función de educación política, pues el modelo neoliberal y las prédicas de gobernabilidad llevaron a renunciar a ella con consecuencias nefastas. Esta es la base para impulsar los procesos de participación social radical orientados a una formación para la convivencia pacífica y el cuidado recíproco. Asimismo se debe profundizar y consolidar el sistema de libertades, que asegure entre otros aspectos fundamentales el derecho a la comunicación, la participación y la atención a la demanda social; pero también que sea garante de la pluralidad de las formas de organización social, con su riqueza de acciones colectivas y emprendimientos comunitarios.

Todo esto nos permitirá refundar la Costa Rica que queremos, para la nuestra y las generaciones futuras. Este es el reto y la tarea: generar un nuevo sentido común (hegemonía) de una Costa Rica con seguridad social y equidad, sustentable y democrática; una Costa Rica en la que la promesa y la posibilidad de ir viviendo bien, viviendo con dignidad, sea una realidad que se construye permanentemente.

Iniciativas colectivas que han aportado insumos para la elaboración de este Proyecto país: Gente viviendo con dignidad
§  CONSENSO PATRIOTICO		§  MOVIMIENTO DIGNIDAD NACIONAL
§  AGENDA NACIONAL		§  AGENDA CIUDADANA
§  COALICION CARTAGINESA UNIDA		§  Asociación Pro Seguridad del Comercio y la Seguridad (Asoproseco)
§  Movimiento Cívico Pro Reformas Estructurales Político Administrativas que requiere Costa Rica		§  FORO DE ACCIÓN UNITARIA (FAU)
§  asimismo se recibieron aportes de ambientalistas, intelectuales académicos, agentes políticos independientes, etc.